El Gobierno aprobará el martes su plan para vacunar antes del verano

Pedro Sánchez ha anunciado en La Rioja que presentarán el próximo martes en el Consejo de Ministros un plan de vacunación completo que implique a una parte sustancial de la población en los primeros seis meses de 2021. España y Alemania serán los primeros países de Europa en implantar una estrategia de estas características para inocular los sueros contra la COVID-19 a un porcentaje importante de su ciudadanía.

El ministro Salvador Illa ha situado un horizonte de 10 millones de personas vacunadas para mayo, pero lo «ideal» en términos de cobertura está entre el 70 y el 75% de la población en un periodo más largo. Además, todo depende de que las farmacéuticas cumplan los plazos, aunque se espera que para enero hayan recibido luz verde por parte de la Agencia Europea del Medicamento.


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El Ministerio le Sanidad lleva desde septiembre trabajando con las comunidades autónomas, varias sociedades científicas y expertos en un documento que servirá de diseño del plan. Fuentes de Sanidad y otros conocedores del proceso habían adelantado que estaría listo a lo largo de la semana que viene. Según han explicado a elDiario.es esas mismas fuentes, el protocolo no hablará específicamente de Pfizer ni de ningún otro ensayo, sino que tendrá en cuenta que pueden llegar simultáneamente varios tipos de vacunas a España en 2021. La Comisión tiene ahora mismo cuatro contratos (con AstraZeneca –que desarrolla su vacuna junto a Oxford–, con Pfizer, con Sanofi y con Johnson & Johnson) y está en conversaciones con Moderna, CureVac y alguna empresa más. Fernando Simón habló el pasado martes de que se barajan hasta ocho vacunas diferentes.

Es decir, el grupo de trabajo valora diferentes estrategias por si las dosis están dirigidas a un grupo concreto –puede haber alguna recomendada para jóvenes y no para ancianos, por ejemplo–, si son monodosis o doble dosis –como las de AstraZeneca y Pfizer– o dependiendo de la eficacia que finalmente tengan. En cada caso el dispositivo podrá ser distinto. También tendrán que dirimir si la estrategia prioriza finalmente a los grupos de riesgo y a los sanitarios, algo por lo que en principio se inclina España y recomienda la Unión Europea, pero que de nuevo dependerá de las características de las vacunas. Y aspectos como si hay que estipular alguna clase de formación aparejada para los profesionales que la vayan a dispensar o dónde procede administrarlas.

El Gobierno ha reservado de momento en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado 1.011 millones de euros para la compra de vacunas contra la COVID-19. Existen al margen mecanismos de ejecución para gastos extraordinarios si fuese necesario. Los 1.011 millones son el 40% del total de los fondos europeos para la reconstrucción que van destinados al Ministerio de Sanidad, porque el proceso se sufragará básicamente con ellos.

Todavía no está detallado cuánto irá a parar a la compra de las dosis, y cuánto a la logística y gastos derivados –transporte, mantenimiento, campañas– que, otra vez, serán diferentes para cada tipo. El cálculo inicial preveía que la inmensa mayoría, informó el ministro Salvador Illa, fuese destinado en sí a la adquisición. Pero por ejemplo, la vacuna de Pfizer tiene unos gastos de conservación elevados por tener que mantenerse a unos -75º. Los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) estadounidenses ya han advertido de hecho a algunos hospitales que harían bien si tienen un plan b con proyectos más baratos. Esta vacuna no tiene un precio fijado todavía, pero de la de Oxford, por ejemplo, se sabe que costará 5,8 euros por tratamiento.



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