Anticorrupción investiga gastos de los reyes eméritos con tarjetas de crédito opacas

Anticorrupción está investigando los gastos de varias tarjetas de crédito que usaban el rey Juan Carlos, la reina Sofía y también algunos de sus nietos. Tarjetas aparentemente opacas, que se abonaban desde una cuenta en la que ni el rey emérito ni su familia aparecen como titulares, según confirman a elDiario.es varias fuentes cercanas a la investigación.

Entre las personas que se beneficiaban de estas tarjetas opacas no se encuentran los actuales reyes de España. Tampoco la princesa de Asturias ni su hermana, Sofía. Pero sí otros familiares directos del rey emérito, que Anticorrupción está rastreando.

Los movimientos financieros de esa cuenta y los gastos de esas tarjetas corresponden a los años 2016, 2017 y 2018. Es decir, son posteriores a la abdicación del rey Juan Carlos y a que perdiera su protección constitucional, que le hace inimputable por cualquier delito cometido hasta el año 2014. Pero al ser posteriores , los posibles delitos en ese flujo irregular de dinero pueden ser imputables a Juan Carlos I y la antigua reina consorte. Tanto el rey emérito como la reina Sofía son aforados, por lo que esta investigación, de prosperar, será instruida por la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

En Anticorrupción no solo están analizando todos los gastos de estas tarjetas, sino también el origen de los fondos con los que se cubrían, ya que es un dinero procedente del extranjero. La justicia española ha remitido comisiones rogatorias a diferentes países para rastrear la procedencia de esos fondos, pero ya la Fiscalía ha encontrado indicios de un presunto delito fiscal, al tratarse de incrementos de renta no declarados superiores a 120.000 euros en un solo ejercicio. Entre los gastos cargados a la tarjeta de la reina Sofía aparecen varios viajes a Londres, donde la esposa del rey mantiene desde hace años su residencia habitual, añaden las citadas fuentes a elDiario.es.

Según las fuentes consultadas por este digital, la investigación también ha permitido identificar ya a dos individuos presuntamente vinculados a esta trama de fondos opacos para abonar gastos de la familia real: un ciudadano mexicano y un mando de la Guardia Civil.

Los indicios delictivos sobre estas tarjetas son posteriores y no están relacionados con la investigación judicial que salió de Anticorrupción el pasado junio en dirección a la Fiscalía del Tribunal Supremo: esos 65 millones de euros que recibió Juan Carlos de Borbón de Arabia Saudí en 2008 y que, en 2012, transfirió a su entonces amante, Corinna Larsen.

El fiscal del Tribunal Supremo que lleva el caso de los 65 millones saudíes, Juan Ignacio Campo, planea solicitar el archivo de esta causa, según varias informaciones, al tratarse de unos presuntos delitos que son previos a la abdicación del rey emérito. Sin embargo, esa petición de archivo podría incluir una detallada exposición de lo ocurrido que dejará claro que, de no ser por la inviolabilidad constitucional, la Fiscalía habría propuesto formalmente la imputación de Juan Carlos de Borbón ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.



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