Familiares de presos políticos exigieron justicia a la Corte Marcial

Esposas, madres y familiares de presos políticos militares venezolanos encabezaron la mañana de este lunes una protesta en la Plaza Brión de Chacaíto para exigir a la Corte Marcial el inicio de juicio a los Comandantes de los Batallones Blindados del Ejercito detenidos hace dos años.

Leonela Difurt, esposa del comandante Henry Medina Gutiérrez, condenó que tras dos años de injusta privativa de libertad, a su esposo y demás oficiales presos el 2 de marzo de 2018, se les viole el debido proceso y se les impida la legítima defensa. “Hoy alzamos la voz porque la Corte Marcial es totalmente inoperante: No otorga medidas cautelares, no permite el derecho a juicio, ni emite boletas”, sentenció Difurt en representación de Comité de Familiares de Presos Políticos Militares.


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La portavoz de este grupo, rechazó además que quejarse de falta de grapas en los batallones ya supone el delito de conspiración. Condenó también que la vida de los dolientes de estos uniformados se siga consumiendo en visitas de dos o tres horas los fines de semana. “Convirtieron Ramo Verde y la Dgcim en depósitos humanos donde mantienen a nuestros esposos sin juicio justo”, subrayó Difurt.

Yoselyn Carrizales, esposa de Igber Marín. Chaparro, militar destacado como el número uno de toda la historia de la Academia Militar y hoy preso político, cuestionó las condiciones insalubres a las que mantienen sometido a su pareja en la denominada “Casa de Los Sueños”, haciendo referencia a las celdas ubicadas en los subsótanos de la Direccion General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

“Desde agosto mantenemos comunicación solo tres horas a la semana, antes de eso, estuvo tres meses incomunicados donde sólo nos recibían agua y pastillas”, sumó Carrizales tras pedir justicia para su cónyuge.

“16.000 personas gritando dolor”

Por su parte, Sandra Hernández, esposa de Luis Bandres, oficial preso -en enero de 2019- por el alzamiento de Cotiza, se solidarizó con los parientes de los Comandantes del Ejército clamando por su libertad inmediata.

Hernández denunció que en Venezuela, desde el año 2014, 16.000 ciudadanos han estado en condición de preso político, sufriendo los embates del gobierno, personas cuyo único delito -según dijo- es no apoyar al régimen.



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