Conoce el castigo de quienes siguieron al general Hernández Da Costa

Nunca antes un discurso había causado tanto miedo. La audiencia del pasado miércoles, donde la intervención del general de brigada de la Guardia Nacional Hernández Da Costa causó los aplausos de los asistentes, la ira de la juez Hennit Carolina López y la suspensión del juicio hasta el 5 de febrero, trajo consecuencias. Los detenidos fueron castigados y así lo denunciaron en el tribunal.

Los familiares fueron tratados de manera desconsiderada. Llegó un grupo de más de medio centenar de Guardias Nacionales, al mando del teniente coronel Leonardo Cesar Malaguera Hernández, con vestimenta antimotines, escudos y rejillas de protección. Hicieron un canal para que a través de él pasaran quienes ingresaran al lugar. También hubo gran cantidad de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN). Duplicaron el número de alguaciles del Palacio de Justicia.

La requisa de familiares y abogados llegó a ser incluso ofensiva. Los revisaron minuciosamente, incluyendo las togas de los profesionales del derecho. Les prohibieron celulares, como siempre hacen, pero esta vez le agregaron los relojes y cualquier prenda que les resultara “sospechosa”.

Siempre ocurrió, en las 11 audiencias anteriores, que los funcionarios de la DGCIM fuesen los primeros en ingresar a la sala a revisarla. Posteriormente ingresan los abogados defensores.

En esta oportunidad se implementó un modo diferente. Los detenidos, por el caso de los drones, como se conoce al intento de magnicidio de Nicolás Maduro el 4 de agosto de 2018, fueron exhibidos en el pasillo del tribunal, con cinturones negros, a los cuales tenían apresadas sus manos con correas y sus caras aprisionadas contra la pared.

La secretaria del tribunal les fue indicando a los abogados dónde sentarse porque no se les permitió hacerlo libremente. Afuera los detenidos esperaron, maniatados; los revisaron y les ordenaron entrar a la sala, con la indicación de dónde debía sentarse cada uno de ellos.

La primer testigo resultó ser la teniente (GNB) Gabriela Alas, una de las funcionarias de la DGCIM señalada de torturar a los detenidos tal y como fue señalada por uno de ellos allí mismo en el juicio. El imputado dijo que lo había torturado, que aplica electricidad en las partes íntimas de los hombres. La respuesta de la juez fue que la tortura no es su competencia porque eso no es lo que se está dirimiendo en su tribunal. La mujer ignora la responsabilidad que tiene de darle curso a las denuncias de tortura.

La insolente teniente Gabriela Alas, funcionaria de la Dirección Especial de Investigaciones Penales y Criminalísticas de la DGCIM, que aparece en varias de las actas que ese cuerpo de Inteligencia elabora y a veces fabrica para involucrar a personas consideradas no afectas al Gobierno, cree que ella está por encima de la Ley.

 



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